Agencia EFE
La Coordinadora de Pensionados y Jubilados de Venezuela (Copenjuve) pidió ayer a las Naciones Unidas apoyo ante las “condiciones precarias” que aseguran sufrir debido, entre otras causas, a los ingresos que devengan, equivalentes a unos 3,5 dólares al mes en el caso de las pensiones.
En una misiva dirigida al coordinador residente de la ONU en el país, Gianluca Rampolla, la Copenjuve indicó que más de cinco millones de adultos mayores enfrentan una “pérdida del valor adquisitivo de las pensiones y jubilaciones”, como consecuencia de la “errática política económica, social y antilaboral impuesta desde la cúpula del poder político”.
Según el escrito, acuden a la ONU debido a que no han recibido “respuesta alguna desde el 9 de marzo de 2022”, por parte de autoridades e instituciones públicas venezolanas.
La Copenjuve señaló que, con la pensión y jubilación, el Gobierno “sigue incumpliendo uno de los objetivos de desarrollos establecidos por las Naciones Unidas, que llama a los Estados miembros a erradicar la pobreza extrema antes de 2030”.
SIN AMPARO
Por otra parte, denunciaron que el Gobierno “suspendió, arbitrariamente, el pago de las pensiones” a 11.700 venezolanos radicados en España y a unos 20.000 en otros países, sin facilitar más datos ni pruebas al respecto.
La Copenjuve aseguró que los pensionados dentro y fuera del país, ante esta situación, “se ven obligados a depender de familiares, amigos, organizaciones caritativas como las iglesias y las ONG de derechos humanos que prestan ayuda humanitaria”.
Por tanto, solicitaron a la ONU intermediar con el Ejecutivo, “a fin de promover una mesa de trabajo” en la que se analice “integralmente la situación social y económica de los adultos mayores” y se acuerden “las soluciones respectivas”.
El Gobierno, por su parte, insiste en que las sanciones internacionales impuestas contra Venezuela -en especial, por Estados Unidos- han afectado a su capacidad para pagar mejores salarios y pensiones.